El ATCI (TTIP) y sus oportunidades para las PYMES

El Tratado de Libre Comercio entre Europa y Estados Unidos, más conocido como “Acuerdo transatlántico para el comercio y la inversión”, ATCI, (Transatlantic Trade and Investment Partnership o TTIP, en inglés) está protagonizando en los últimos meses intensos debates en el seno de las instituciones de la Unión Europea. Y es que no es un tema baladí, ya que están en juegos intereses muy diversos (económicos, sociales, legales,…). No obstante, a pesar de las diferencias en algunos puntos parece que se alcanzará un acuerdo antes o después (previsión de actual de la Comisión: 2017) considerando las oportunidades que el tratado puede suponer para ambas partes.

El ATCI es el acuerdo comercial bilateral más amplio negociado hasta la fecha, ya que integrará a dos zonas que juntas suponen más de 800 millones de habitantes, casi la mitad de la producción mundial y casi una tercera parte del comercio mundial de bienes y servicios. Además, se trata de un acuerdo que, según todos los análisis realizados hasta la fecha, tendrá efectos muy positivos en las dos regiones. La Comisión Europea estima que un acuerdo amplio y ambicioso podría suponer un aumento anual del PIB del 0,48 % en la UE y del 0,38 % en Estados Unidos hasta 2027.

Las nuevas oportunidades que genere el Tratado serán especialmente valiosas para las PYME, tanto en los Estados Unidos como en la UE, dado que los obstáculos comerciales tienden a suponer una carga desproporcionada para las empresas más pequeñas, que no tienen tantos recursos para superarlos como las grandes. Entre los beneficios potenciales del ATCI para las PYME cabría destacar:

Aranceles: Existen millones de pequeños fabricantes y productores en Europa y en los Estados Unidos, suponen el 30 % de la exportación de ambos mercados. Como consecuencia de ello, las PYME están muy bien situadas para beneficiarse de la eliminación de aranceles que se pretende lograr. En algunos casos, la supresión de los aranceles podría permitir a las PYME vender sus productos al otro lado del Atlántico por primera vez.

Cuestiones de reglamentación y barreras no arancelarias: Las PYME pueden verse desproporcionadamente afectadas por reglamentaciones innecesariamente complicadas o costosas. Un objetivo central y compartido de la ATCI consiste en generar una mayor apertura y transparencia, reducir los costes innecesarios y los retrasos administrativos y promover una mayor compatibilidad reglamentaria, alcanzando los niveles de salud, seguridad y protección del medio ambiente que cada parte considere apropiados y cumpliendo otros objetivos legítimos de la reglamentación.

Servicios: La Unión Europea y los Estados Unidos son los mayores exportadores de servicios del mundo, y muchos proveedores de servicios —p. ej., abogados, contables, arquitectos, ingenieros, consultores técnicos,…— trabajan en las empresas más pequeñas, que a menudo forman parte de la cadena de valor de las grandes. Estos proveedores de servicios más pequeños podrían beneficiarse de la mayor seguridad jurídica y el nuevo acceso al mercado que proporcionaría la ATCI.

Contratación pública: La mejora de la transparencia de la contratación pública y el acceso a esta podría significar nuevos contratos y subcontratos públicos para las empresas más pequeñas.

Aduanas y facilitación comercial: Aplicar unos costes más reducidos y una mayor transparencia, y reducir la burocracia en las fronteras, sería incluso más beneficioso para los pequeños exportadores y productores —así como para los pequeños minoristas, mayoristas y empresas de logística y transporte— que para sus competidores de más tamaño.

Derechos de propiedad intelectual e industrial: La ATCI servirá para reafirmar el compromiso transatlántico compartido de velar por la rigurosa protección y aplicación de los DPI de las PYME, incluso respecto de nuestros demás socios comerciales.

Comercio electrónico: Las disposiciones de la ATCI que promueven el trato de los productos digitales sin derechos de aduana, y el acceso de los consumidores a los servicios y aplicaciones de su elección a través de internet puede ayudar a que las PYME estadounidenses y europeas minoristas y proveedoras de servicios florezcan en el mercado en línea.

Cadenas de valor: Muchas pequeñas empresas que no exportan directamente a la UE o a los Estados Unidos se beneficiarán también del ATCI mediante la venta de los bienes y servicios intermedios a empresas que sí comercian con el otro lado del Atlántico.

Integración de las PYME: Los negociadores de los EE.UU. y de la UE están trabajando para garantizar que las PYME estén en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades del acuerdo, para ello están debatiendo la inclusión de un capítulo dedicado a las cuestiones relacionadas con las PYME así como la creación de un comité de las PYME que se comprometería con la iniciativa en favor de las pequeñas empresas y el desarrollo de información en línea y otros recursos para ayudar a las PYME a beneficiarse al máximo.

El futuro del derecho del grupo mercantil

Con el derecho mercantil vigente sobre grupos de empresas, disponemos de un régimen de contabilidad consolidada pero no de un derecho sustantivo de grupos. El artículo 42 y ss. del Código de Comercio establecen lo que se entiende por grupo y regulan el deber de presentar cuentas consolidadas. Aparte, en el derecho español tenemos trazos en materia de grupos en distintas Leyes (competencia, concursal, mercado de valores…), por ejemplo, para encontrar una norma relativamente actual que ponga el foco sobre lo principal a efectos de determinar un grupo mercantil, podemos acudir a la Ley 16/2007, de 4 de julio, de Reforma y Adaptación de la Legislación Mercantil en Materia Contable, la cual hace diversas alusiones al concepto de CONTROL recogido en el Código de Comercio.

Ahora bien, como apuntábamos al principio carecemos de una regulación  sustantiva, completa y actual del fenómeno del grupo de empresas. A este respecto, el anteproyecto de Ley del Código Mercantil que aprobó el Consejo de Ministros el mes de mayo del pasado año, introduce la novedad del concepto de grupo de sociedades y su regulación general sustantiva como derecho sustantivo de grupos, es decir, reglas sobre el funcionamiento del grupo, de publicidad del grupo, de protección de accionistas externos, de responsabilidad del grupo frente a acreedores de alguna de las sociedades, de la responsabilidad subsidiaria de la sociedad dominante por las deudas de la dominada y de la obligación de compensar perjuicios a las sociedades dominadas, reglas, estas últimas que serán objeto de comentario en las próximas líneas.

Cuando salga a la luz, el nuevo Código Mercantil también definirá el concepto y los tipos de grupo de sociedades contemplando no solo los grupos por subordinación o verticales sino también los grupos por coordinación u horizontales (como una Joint Venture, multi grupo o conjunto consolidado). Pero como decimos, esto será si la Ley ve, por fin, la luz. Nos hallamos inmersos en la discusión entre mercantilistas y los partidarios de un derecho común privado: ¿se aprobará en esta legislatura que ya agoniza?

Son muchos los cambios interesantes que la nueva norma va a introducir, pero en cuestión de detalles que tanto gustan a este articulista, parece muy interesante el cambio que se puede producir en el régimen de responsabilidad de la sociedad dominante. Son muy habituales los supuestos en que socios minoritarios se ven abocados a emplear remedios legales como son las acciones de responsabilidad social (acción de responsabilidad-sanción, acción individual de responsabilidad y acción social de responsabilidad) o la acción por responsabilidad extracontractual, cuando en realidad no son instrumentos que se ajusten a su situación, no son acciones que tengan virtualidad en el contexto de grupo de empresas, es más podrían, según el caso, causar daños colaterales al interesado.

Por el estado de la legislación actual y la realidad societaria, el ejercicio del control y de la responsabilidad en un entorno de grupo de empresas, a nuestro juicio puede producir un gap interesantísimo en la práctica jurídica.

Si Ud. es socio minoritario y teme padecer las insuficiencias de la legislación vigente, no dude en consultar con AF Advocats para obtener el mejor asesoramiento.

Aprobado el nuevo modelo de estatutos-tipo para S.L.

El pasado 13 de junio se publicó el Real Decreto 421/2015, de 29 de mayo, que, en materia de inicio de la actividad emprendedora, viene a desarrollar la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Recordemos que en dicha ley se contempla la posibilidad de constituir una sociedad limitada en un plazo no superior a 18horas hábiles, a través de un sistema de tramitación telemática que conecta a todos los sujetos intervinientes en el proceso: el Punto de Atención al Emprendedor (PAE), el Registro Mercantil Central, el notario autorizante, el registrador mercantil, las autoridades tributarias, laborales, de Seguridad Social y las administraciones autonómicas y locales.

Pues bien, un objetivo tan ambicioso solamente puede alcanzarse a través de la normalización de los procedimientos y documentación necesarios, razón por la que el mencionado real decreto regula:

1. El modelo de estatutos-tipo para una S.L. En anexo a la norma se aprueba el modelo de estatutos-tipo, muy similar a los aprobados en su día por la Orden JUS/3185/2010, de 9 de diciembre.
2. El modelo de escritura pública estandarizada de constitución de una S.L. Su aprobación se hará mediante orden del ministro de Justicia.
3. La Agencia Electrónica Notarial. Contendrá el calendario de disponibilidad de los notarios para la firma de escrituras de constitución de S.L. y permitirá reservar cita con el notario que se desee.
4. La Bolsa de denominaciones sociales con reserva. Mantendrá actualizada una relación de 1.500 denominaciones sociales disponibles para la constitución de SL.

Esta norma, que en principio entrará en vigor el 13 de septiembre de 2015, declara vigentes los aranceles reducidos de 60 euros de notaría y 40 euros de registro; en total, 100 euros más el correspondiente IVA.
Se trata de una medida muy demandada desde las instituciones europeas y muy necesaria para el mundo emprendedor, que va irá tomando forma con legislación adecuada e implicación de todos los actores.
Desde AF Advocats queremos aportar nuestro granito de arena ofreciendo nuestros servicios como Punto de Atención al Emprendedor (PAE), que incluye toda la tramitación para la constitución e inicio de actividad de empresas con carácter to-talmente gratuito, así como asesoramiento integral al emprendedor a lo largo de su aventura empresarial.

Al Juzgado, mejor siempre ir con un abogado

Lo más común para el ciudadano de a pie es acudir al despacho de un abogado cuanto necesita asistencia jurídica, del mismo modo que cuando está enfermo acude a la consulta de un médico. Y de la misma forma que hay medicamentos que no están sujetos a receta médica la ley también prevé ciertos supuestos en los que no es obligatoria la intervención de abogado.  En el presente supuesto nos referiremos exclusivamente a los juicios de carácter civil, que se encuentran regulados en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (conocida como LEC).
En este sentido, el artículo 31 de la LEC establece en su apartado 2º que los litigantes (es decir, los particulares o entidades que son parte en un procedimiento judicial) podrán actuar sin abogado en los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 2.000 euros, la petición inicial de los procedimientos monitorios y los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones.
Por su especial interés, nos referiremos a los juicios verbales. En el caso antedicho, estaríamos hablando de un proceso de menor cuantía en el cual el demandante podrá formular su demanda cumplimentando unos impresos normalizados que, a tal efecto, se hallarán a su disposición en el tribunal correspondiente. Por lo tanto, podemos pensar la redacción de la demanda es una tarea sencilla que no requerirá poseer conocimientos jurídicos. Ahora bien, ¿qué ocurrirá en el acto del juicio? ¿Será una persona lega en Derecho capaz de defender sus pretensiones ante un juez? Dicho de otro modo, ¿puede afectar el hecho de litigar por sí mismo, sin abogado, al éxito de la demanda?
Nuestra experiencia particular es que sí y como ejemplo pondremos un caso que nos contó un amigo esta misma semana: resulta que el año pasado le prestó 1.500 € a un vecino suyo para sacarlo de un apuro, acordando que tan pronto como pudiese se lo devolvería, sin que firmasen ningún documento. No obstante, su vecino, aprovechándose de la confianza existente con nuestro amigo, fue sucesivamente respondiéndole con evasivas cuando le solicitaba que le devolviese poco a poco el dinero, por lo que finalmente nuestro amigo perdió la paciencia y se fue a los juzgados para interponer una demanda, donde rellenó el formulario al que nos referíamos anteriormente.
Llegado el día del juicio, ambas partes comparecieron sin abogado y expusieron sus alegaciones. Finalmente, en su sentenciael juez desestimó la demanda porque entendía que no había quedado acreditada la existencia de la deuda reclamada. Al preguntarle a nuestro amigo qué documentos había aportado nos respondió que ninguno, porque había sido un acuerdo verbal. Tras insistirle, cayó en la cuenta de que sí que tenía una forma de documentar la deuda: con la transferencia que en su día realizó a su vecino y con un correo electrónico que aquél le escribió agradeciéndole el favor que le hacía. “No lo había pensado”- dijo-. A lo cual nosotros le respondimos: “Si hubieses acudido a un abogado seguro que lo habríamos pensado. Y lo más importante: ahora habrías recuperado tu dinero y con intereses”. Él se quedó pensativo y asintió con la cabeza, tras lo cual bromeó que ojalá le hubiese prestado mil euros más porque así hubiese tenido que comparecer obligatoriamente con abogado.
Esta anécdota pone de relieve el trabajo que realizamos los abogados en defensa de los legítimos derechos e intereses de nuestros clientes, en contra de la imagen que a menudo se tiene de nuestro colectivo.
Por todo ello, no lo olvide y siga nuestro consejo: al juzgado es mejor que no ir, pero si no tiene otra opción mejor ir siempre con un abogado.

Xavier Galbis Llorens
Abogado 15.901 ICAV