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Month: January 2016

Operación Taula. Valoraciones sobre la prisión provisional

Anoche leía twitter y notaba como una ola de indignación por el hecho que el juez que está instruyendo el “Caso Taula” dejaba a todos los detenidos los días anteriores, a destacar Alfonso Rus como expresidente de la Diputació de València, en libertad provisional y no decretaba prisión provisional, en contra del criterio del Ministerio Fiscal.

Debemos decir, que la prisión provisional –como su nombre indica- es una medida cautelar en el ámbito penal y que se regula en el artículo 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (en adelante, LECrim), y que la no imposición en fase de instrucción no es óbice para que en una futura condena se establezca la pena privativa de libertad. Es la medida cautelar más gravosa, ya que incide directamente sobre la libertad de la persona, así que es la que más ponderación debe de tener el juez que la impone. Pues bien, en el art. 503 LECrim regula los fines que deben de valorarse para decidir si debe imponerse la presente medida cautelar: a) Evitar el riesgo de fuga b) Evitar la destrucción de pruebas y c) Que el encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima.

Así, su señoría debió de ponderar en sus autos que no concurrirían ninguno de estos tres requisitos y por tanto no cabe imponer la medida cautelar –que no definitiva- más restrictiva. Mi humilde opinión en este caso se alinea con las tesis de su señoría, ya que todos los detenidos sabían perfectamente y a través de la prensa, que el antiguo gerente de IMELSA había entregado en sede judicial varios discos duros, grabaciones con los implicados y abundante documentación. Por tanto, los ahora detenidos si hubiesen querido destruir pruebas habrían tenido varios meses para hacerlo (Marcos Benavent declaró en mayo de 2015); atentar contra los bienes de las víctimas tampoco pueden actuar al no estar ya en los cargos de los que presuntamente lo hicieron y el riesgo de fuga no se contempla por su señoría por el mismo caso de la destrucción. Si hubieran querido fugarse lo habrían podido hacer hace bastante tiempo.

En definitiva, el juez de instrucción ha decretado diversas medidas cautelares en ponderación con los riesgos que hemos explicado antes. Así ha establecido la obligación de personarse en el juzgado, y el depósito de fianzas civiles –algunas muy elevadas- para asegurar la reparación del daño en caso de una posible condena. De todas formas, la investigación continua y no descartemos sorpresas mayores en un futuro.

Así pues, ya dejamos para otros próximos comentarios el por qué no declaró ningún detenido (según las informaciones periodísticas) ante la Guardia Civil, ni en sede judicial.

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